Gobierno judicial y políticas de gestión, acceso y cooperación judicial
| Autor | Roberto M. Pagés LLoveras |
| Páginas | 506-525 |
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La necesidad de lograr un servicio de justicia más moderno y eficiente, como la adaptación de los procesos judiciales a la sociedad de la información, comunicaciones y redes, hace imprescindible implementar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones (TICs), tanto en la gestión como en la reformulación de las estructuras procesales y en la resolución de los conflictos, para obtener así un servicio de justicia informatizado y acorde a los tiempos actuales.
Ahora bien, los sistemas de justicia2 de los distintos países aplican de diversas maneras políticas públicas que los vinculen a este necesario proceso de reforma y a la transformación que implica el uso de las nuevas tecnologías de la información, comunicaciones y redes3.
En consecuencia, nos proponemos realizar una breve reseña de distintas políticas de gestión, reformulación de estructuras procesales e informatización, implementadas por diversos sistemas de justicia, a los fines de obtener una conclusión sobre las mismas.
La Cumbre Judicial Iberoamericana es una organización que vertebra la cooperación y concertación entre los poderes judiciales de los veintitrés países de la comunidad iberoamericana de naciones, aglutinando en un solo foro a las máximas instancias y órganos de gobierno de los sistemas judiciales iberoamericanos. Reúne en su seno a los presidentes de las cortes supremas y tribunales supremos de justicia y a los máximos responsables de los consejos de la Judicatura iberoamericanos4.
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En la XV Cumbre Judicial Iberoamericana de presidentes de cortes y consejos de la magistratura de los poderes judiciales, dentro del marco del programa de e-justicia, fue aprobado el programa TIus, el cual tiene como fin promocionar proyectos que permitan hacer un uso efectivo de las tecnologías de información en el sector justicia basados en los principios de cooperación técnica internacional. Dentro de ese programa se está trabajando en cinco proyectos: TIus/Justicia Efectiva; Red de Videoconferencia Iberoamericana; Cartera de Proyectos; Convenios de Intercambio de Información; y Brecha Digital en la Justicia5.
Durante la XVII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, la cual se realizó entre los días 2 y 4 de abril de 2014, en la ciudad de Santiago de Chile, bajo el eje temático “una justicia de futuro: planificada, integrada y tecnológicamente desarrollada”, se desarrolló en paralelo la V edición de la Feria de Justicia y Tecnología, donde son expuestos los últimos avances tecnológicos con el fin de lograr una justicia más accesible, inclusiva, eficiente y que asegure la igualdad de derechos de todas las personas.
En ese contexto, entre otras muestras de la feria se destacó la presentación del “tribunal modelo” del Poder Judicial chileno, un prototipo de tribunal “ideal” que se busca implementar en ese país, el que comprende herramientas, procesos, protocolos y acciones que ayudan a mejorar la calidad de la administración de justicia.
El presidente de la Suprema Corte de Chile, Sergio Muñoz Gajardo, explicó que este tribunal modelo tiene múltiples utilidades, porque es un banco de buenas prácticas que va a poder tener cualquier poder judicial que quiera visualizar lo que se está haciendo en tramitación digital de los procesos, y en la gestión de los jueces y de los funcionarios6.
El Grupo Tecnología de los Poderes Judiciales presentó un “Proyecto de Tecnología para los Poderes Judiciales”, cuyos tres grandes propósitos son: 1) El desarrollo de un sistema tipo para todos los poderes judiciales, que tenga por objeto el intercambio de buenas prácticas; 2) La integración de los poderes judiciales en un solo sistema que facilite el diálogo entre éstos; y 3) El potenciar y enriquecer el actual sistema de la Cumbre Judicial Iberoamericana7.
La Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) es una estructura formada por autoridades centrales y por puntos de contacto procedentes de los ministerios de justicia, fiscalías y ministerios públicos, y poderes judiciales de los 22 países que componen la Comunidad Iberoame-
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ricana de Naciones, así como por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Está orientada a la optimización de los instrumentos de asistencia judicial civil y penal, y al reforzamiento de los lazos de cooperación entre nuestros países. Constituye así un paso fundamental en la conformación de un espacio judicial iberoamericano, entendido como un escenario específico donde la actividad de cooperación jurídica sea objeto de mecanismos reforzados, dinámicas e instrumentos de simplificación y agilización en la consecución de un tutela judicial efectiva8.
El presidente de la Corte de Justicia de la Nación, Ricardo L. Lorenzetti, ha señalado en su informe de gestión (período 2007-2009) que la Corte Suprema asumió decididamente el gobierno del Poder Judicial, con el objetivo de consolidarlo como poder del Estado910.
Indicaba que a tales fines se comenzó con una tarea interna, que fue la organización de todos sus estamentos, como que se realizaron las conferencias nacionales de jueces.
Las conferencias nacionales de jueces son, precisamente, encuentros organizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) y la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial (FAMyFJ), y constituyen un ámbito para el diseño de políticas de estado destinadas a mejorar el servicio de justicia.
Las políticas que se han diseñado, en tales encuentros, son las siguientes:
1) Política comunicacional; 2) Independencia judicial; 3) Acceso a justicia; y
4) Gestión e informatización.
Con relación a la política de gestión e informatización, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la creación de la Comisión Nacional de Gestión Judicial (CNGJ)1112, siendo designado como representante de la Corte Suprema para presidir a la misma al Dr. Lorenzetti.
La CNGJ es la encargada de desarrollar programas normativos de gestión, así como de carácter formativo de recursos humanos y materiales para los poderes judiciales nacionales y locales.
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El paradigma que propone la comisión se distingue por reconocer a la gestión judicial como una herramienta de apoyo a la labor de los jueces, así como también la búsqueda de una mejora continua en el trabajo que cotidianamente cumplen magistrados, funcionarios, empleados, auxiliares y abogados13.
A partir de estos principios, los objetivos de la gestión judicial se centran en los siguientes ejes: a) Gestión administrativa organizacional – Rediseño de procesos1415; b) Sistema de Notificaciones Electrónicas (acordada 7/14, entre otras); c) Coeficiente de gestión judicial; d) Firma digital; e) Expediente digital.
También se implementó el uso de hoja A4 en todas las dependencias del máximo tribunal (Acordada 38/2011), en consonancia con el Sistema de Gestión Ambiental creado mediante acordada 35/2011, y la creación de la Dirección de Comunicación Pública (Acordada 9/2012).
A partir del año 2012, conforme dispone la Acordada 14/2013, se ha comenzado la implementación del Sistema de Gestión Judicial en todos los fueros y dependencias del Poder Judicial de la Nación, lo que aporta una herramienta informática que permite la integración de las partes por medios telemáticos para la realización de trámites vinculados a las causas, a los fines de tener una Justicia más rápida y eficaz16.
Se implementó una experiencia de gestión judicial asociada en la provincia de Mendoza, como una nueva metodología de trabajo que será aplicada a cuatro juzgados civiles a través de una experiencia inicial (Plan Piloto), con el objetivo de hacer eficiente la justicia civil y reconstruir los deteriorados vínculos entre el Poder Judicial y la sociedad17. Tiene cinco lineamientos generales: a – Revisión y reingeniería de procesos; b – Oralidad, concentración y simplificación de actos procesales; c – División de la tarea decisional de la administrativa, dentro de un marco de repensar las oficinas judiciales; d – Seguimiento, evaluación y mejora continua de las actividades realizadas; e – Desarrollar un sistema de gestión administrativa que contemple los ítems anteriores. Para acelerar el trámite de los procesos la Ley nº 7995 introduce modificaciones al artículo 101 del C.P.C., posibilitando la presentación de oficios por vía electrónica e incorporación de tecnología de comunicación.
En el proceso de reforma, el área de informatización de la gestión judicial del Poder Judicial de la provincia de Río Negro ha instrumentado planes y
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acciones tendientes a implantar las...
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