Sobre la vigencia del Manifiesto de Bauru en tiempos adversos: anotaciones sobre la demolición del cuidado a la salud mental en Brasil/Sobre a vigência do Manifesto de Bauru em tempos adversos: anotações sobre a demolição do cuidado à saúde mental no Brasil/On the validity of the Bauru Manifesto in adverse times: notes on the demolition of mental health care in Brazil.

AutorDesviat, Manuel

La fragilidad de lo común

La historia no se cansa de mostrarnos como las conquistas sociales son siempre provisionales. Mucho más cuando, como en el caso de la reforma psiquiátrica brasileña, (antimanicomial, desinstitucionalizadora, de salud mental colectiva), cuestiona tanto la hegemonía privatizadora del neoliberalismo, como la propia estructura político-económica que predispone o causa el sufrimiento psíquico, daño colateral o precio necesario del desarrollo del capitalismo. Parece cada vez más evidente que la apuesta democrática y social estorba al neocapitalismo.

Se juega con el mito de la mejor eficacia de los mercados y el necesario adelgazamiento de las cuentas públicas, cuando la toma de los gobiernos nacionales por el capital financiero no supone el adelgazamiento del gasto público (consideremos el gasto en las fuerzas armadas o de seguridad, entre otros), sino la venta del erario a los fondos buitres internacionales, hospitales, pensiones, universidades. Supone, sí, la acumulación ilimitada del capital, como previó Marx y el aumento exponencial de las desigualdades (DESVIAT, 2019).

En el proyecto socialdemócrata, tras la Segunda Guerra Mundial, la salud, la educación, las prestaciones sociales (el Estado del bienestar), quisieron ser una política de Estado, un pacto social que trascendiera la alternancia democrática de los partidos en los gobiernos. Pero, para el fundamentalismo neoliberal, una vez dueño del mundo, tras la caída del muro de Berlín, las leyes sociales surgidas tras la crisis de 1929 y la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, son un obstáculo, un residuo a suprimir, como lo son las políticas sociales de algunos estados latinoamericanos iniciadas a contracorriente en las últimas décadas, siendo las medidas públicas emprendidas en Brasil uno de los principales objetivos por abatir.

Ahí tenemos el impeachment de Dilma Rousseff, la condena fraudulenta de Lula y la culminación del golpe de Estado con el acceso al poder de la extrema derecha representada por Jair Bolsonaro. Esta vez no fueron necesarios los tanques ni los escuadrones de la muerte entrenados por la CIA, bastó con el Banco Mundial, la deuda y la corrupción política, mediática y judicial. Los objetivos se cumplieron, dejando un país devastado: privatización de empresas estratégicas, demolición de las políticas públicas, retirada de los derechos de los trabajadores, desempleo, hostigamiento de los pueblos originarios, permisividad de la deforestación amazónica, degradación, en definitiva, las instituciones y los valores democráticos. Una política de por si criminal que se agudiza durante la pandemia con el negacionismo genocida del presidente de la nación.

En la sanidad, una enmienda constitucional (95/216) va a congelar durante 20 años el gasto publico destinado a diversas políticas sociales, entre otras el Sistema Único de Salud (SUS), lo que está repercutiendo de forma inmediata en un progresivo deterioro de la sanidad pública.

Nos encontramos en un escenario ya visto, cuyo primer ensayo fue Chile tras el golpe de Estado al gobierno de la Unidad Popular: un escenario perfectamente diseñado por los grandes lobbies financieros, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la reserva federal dos Estados Unidos y los especialistas pagados por la administración estadunidense en un encuentro que se llamó "Consenso de Washington". Los fines quedaron claros: desregulación absoluta de la economía, ausencia total de reglas, subordinación de los Estados a los mercados y la reducción drástica del gasto público. Se trata de un programa en el cual la privatización de la salud y de las pensiones se convierte en objetivo principal.

La demolición de la política nacional de atención a la salud mental brasileña

En 2017, la Comissão Intergestores Tripartites (CIT), instancia de articulación y pacto nacional del Sistema Único de Saúde (SUS - Sistema Único de Salud), inicia las mudanzas normativas que ponen fin a la política brasileña de Salud Mental - una política que había situado a la reforma psiquiátrica a la vanguardia de las políticas desinstitucionalizadoras y de salud mental comunitaria en América Latina. La CIT va a establecer las nuevas directrices para el funcionamiento de la red de atención psicosocial (Raps), reformulando el diseño, el funcionamiento, la metodología de evaluación de los servicios y la orientación clínica, reglamentando, en definitiva, las nuevas políticas de salud mental. Nueva política esa que permite la creación de nuevos hospitales psiquiátricos, en contra de la ley federal de 2011, y retira la posibilidad de pasar el dinero que ocasiona el ingreso hospitalario a los servicios de residencia terapéutica.

En un artículo para la revista Trabalho, Educação e Saúde, investigadores del Instituto de Psiquiatria da Universidade do Rio de Janeiro analizan los documentos ministeriales promulgados de 2016 a 2019, donde se plasma la Nova Política Nacional de Saúde Mental (PNSM), en la que se vuelve a incentivar los ingresos psiquiátricos en instituciones totales y se...

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