Viejos y Nuevos Dilemas para la Participación Social en los Procesos de Integración Sudamericanos
| Autor | Gonzalo Berrón |
| Cargo | Doctor, professor da Universidad Nacional de Rosario, Argentina |
| Páginas | 42-55 |
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El panorama de la integración regional en Sudamérica fue significativamente alterado en el transcurso de los años 2000: el Mercado Común del Sur (Mercosur) salió de la crisis en la que se había sumergido hacia el final de la década de los 90s; la Comunidad Andina de Naciones (CAN), luego de algunos años de intento de renovación vía el “regionalismo abierto” propuesto por la CEPAL, entró en una crisis que, de no cambiar el escenario, sin dudas será terminal; y dos grandes novedades irrumpieron en el escenario de la integración regional, a saber, la consolidación y creación formal de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), y el surgimiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Cabe mencionar también dos elementos importantísimos para complementar este escenario: el fin de la negociación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 2005, y la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en febrero de 2010 (DECLARACIÓN DE CANCÚN, 2010), cuyo reverso es, sin dudas, la crisis de la arquitectura interamericana, es decir, de la Organización de Estados Americanos (OEA). Fue éste el escenario en el cual movimientos y organizaciones sociales, así como empresas de la región o transnacionales, han actuado en la última década con distintas reacciones, niveles de involucramiento y capacidad de influencia1.
Intento analizar en lo que sigue tres niveles de actuación de la sociedad civil sudamericana en relación a procesos de integración regional. Un primer nivel se refiere a los procesos institucionales presentes en los cuatro mecanismos formales de integración regional que operan en América del Sur, describir brevemente cuales son, cuál ha sido su evolución institucional a lo largo de los últimos años y analizar su funcionamiento, resultados y desafíos a la luz de las expectativas de los actores de la sociedad civil.
En un segundo nivel analizo precisamente esas expectativas, haciendo foco en las caracterizaciones de las organizaciones y movimientos sociales en lo que se refiere a los procesos de integración, los significados, por ejemplo, de “integración de los pueblos” y de formulaciones similares en su discurso político, el significado de lo que podría considerarse una “integración desde abajo”. En un último nivel, enumero una serie de casos reales de lo que considero la “integración desde abajo”, es decir, dinámicas espontáneas — o inducidas en algunos casos — de fuertes vínculos entre pueblos de distinta nacionalidad, presentando allí también aspectos positivos, negativos y desafíos.
El título de este ensayo hace referencia precisamente a los dilemas que se presentan para los actores organizados de la sociedad civil en relación a su involucramiento con los procesos de integración regional. Es válido aclarar que los dilemas, en algunos casos, son explicitados por estos actores, en otros, son productos de mi análisis. Los formulo aquí a manera de hipótesis de trabajo para luego desarrollarlos en cada sección.
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1.1 Después de varios años en los cuales la participación social ha sido incorporada como parte del discurso — y las prácticas — de los procesos de integración regional, se les presentan a las organizaciones social es que decidieron participar activamente dilemas derivados de las siguientes percepciones: en muchos casos la participación no tiene resultados concretos en términos de política pública; en otros, esos resultados no son evidentes, o aparecen de forma muy diluida en el producto final (la decisión institucional); finalmente, en la mayoría de los casos, la participación requiere una inversión de recursos muy alta en relación a los resultados obtenidos. El dilema es si continuar o no insistiendo en la participación, si reclamar mejoras a los mecanismos participativos, y si vale la pena invertir más recursos para alcanzar algunos resultados.
1.2 En el nivel político-ideológico los dilemas son más profundos, pues las experiencias de integración promovidas en los últimos años por los gobiernos próximos al campo popular arrojan resultados que contradicen en la práctica varios de los postulados medulares de la visión de las organizaciones sociales sobre integración, y generan, por lo tanto, dudas con respecto no sólo a estos gobiernos, sino a la viabilidad de los procesos de integración como procesos emancipatorios y de justicia social y ambiental.
1.3 El dilema central puesto en el nivel de las prácticas espontáneas y del mercado se produce en el siguiente sentido: ¿cuáles son los significados de los procesos espontáneos de integración? ¿Contribuyen ellos a mejorar la vida de estos pueblos? ¿Qué relación tienen con el ideario integracionista de las organizaciones y movimientos sociales?
Cuando se trata de participación social en instancias de carácter internacional tales como los procesos descritos, es necesario en primer lugar reconocer que, además de las instancias internacionales de participación, pueden existir instancias domésticas que de alguna forma apuntan a ordenar la participación en las instancias internacionales. Presento a continuación un breve esquema de cómo se produce este ordenamiento en los mecanismos de integración del área sudamericana.
Al observar el Cuadro 1, nos encontramos con un panorama que parece muy complejo y vasto, que transmite la idea de que la participación social encuentra muchos canales para realizarse y que además en los últimos años ha avanzado. Ésta es una primera constatación válida: de los mecanismos existentes, sólo los de participación sindical y empresarial (FCES, CCLA, CCEA) fueron creados en la década de los 90. Los restantes aparecieron a lo largo de los años 2000 y responden a la consolidación de una visión política anclada en un imaginario de convicciones participacionistas generado al calor de la lucha contra las dictaduras y los procesos de redemocratización en la región. Esto es particularmente fuerte en el caso de Brasil, Uruguay, Paraguay y la Argentina post década neoliberal-conservadora. Y en el caso de Bolivia y Venezuela reflejan la llegada de sectores populares históricamente excluidos de la vida democrática de sus países.
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Los cambios políticos registrados en la región durante la primera década del siglo XXI son herederos de estas tradiciones y buscaron profundizar desde los gobiernos cambios que no solo intenten darle un valor político (y geopolítico) emancipatorio a los procesos de integración regional, sino que vuelvan a estos procesos más participativos, tanto a través de la creación de una nueva institucionalidad — o de la revitalización de la existente — como con el explícito objetivo, por ejemplo en el caso del Mercosur, de crear un “Mercosur ciudadano”2.
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En este período se crean en la CAN el Consejo Indígena (2007), la Mesa de Consumidores, y la de Afrodescendientes. En el Mercosur, surgirá el programa “Somos Mercosur” a nivel regional y luego el “Mercosur Social y Participativo” en el caso de Brasil. En Argentina, se crea el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. El ALBA va más allá y crea el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA como parte integrante de su estructura orgánica y, en el caso de UNASUR, ya desde su creación formal en 2008, el tratado fundacional incluye, como vimos, un artículo particular en el que se menciona la participación social como constitutiva del bloque, y con ella la noción de ciudadanía sudamericana.
Junto a este proceso de institucionalización se produce una efervescencia también de parte de las organizaciones sociales que coordinaron sus acciones en oposición a los acuerdos de libre comercio, en particular al ALCA. Dotadas de un elevado grado de articulación vieron en el fin de las negociaciones para este acuerdo, en noviembre de 2005, la apertura definitiva — juntamente con las varias victorias electorales de candidatos de los sectores populares — de un ciclo favorable a la realización de los anhelos de la integración latinoamericana. Estas redes, organizaciones y movimientos realizaron de forma autónoma varias “cumbres de los pueblos” en torno a las cumbres del Mercosur y Unasur5.
El ALBA es un caso aparte, pues el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA es un mecanismo de internacionalización de las expresiones organizadas de la sociedad que son el sostén político de los gobiernos más dinámicos e impulsores de este proceso de integración. Lo primero que debe mencionarse es que uno de los desafíos iniciales que tuvo que enfrentar fue, desde su reunión fundacional en Tintorero, Venezuela (2007), definir quiénes eran sus miembros. Esto se debió a que la movilización social y política de apoyadores del ALBA tenía, en algunos casos, una expresión internacional más organizada que aquella presente en los países miembros6, motivo que con el transcurrir de sus reuniones lentamente debió ser trabajado hasta llegar a su conformación actual, compuesta de miembros únicamente de aquellos países que constituyen el bloque7.
Este movimiento de vuelco hacia la participación institucional por parte de muchas organizaciones se produjo no sin contradicciones, pues el hecho de venir de un período de intensa movilización contra los gobiernos neoliberales y encontrar ahora en los gobiernos una receptividad distinta, y en muchos casos incluso una búsqueda activa de diálogo, generaba algunas dudas. Durante el ciclo anterior las organizaciones sociales rechazaron la...
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