Hacia una concepción del juicio democrático lato sensu y del juzgador democrático en México desde la teoría del coto vedado / Towards a democratic conception of democratic judgment lato sensu and the democratic judge in Mexico from the theory of the...
| Autor | Joaquin Ordoñez |
| Cargo | Docto en Derecho. Profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. E-mail: joaquin.o@me.com |
| Páginas | 1626-1651 |
Revista de Direito da Cidade vol. 09, nº 4. ISSN 2317-7721
DOI: 10.12957/rdc.2017.29772
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Revista de Direito da Cidade, vol. 09, nº 4. ISSN 2317-7721 pp. 1626-1651 1626
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Se esbozan algunas condiciones teóricas necesarias para conceptualizar el juicio democrático
lato sensu a partir de determinados conceptos de la teoría del coto vedado, con la finalidad de
indagar en las características y requisitos para poder calificar de democrático a un proceso
jurisdiccional. Se parte de la idea de que los juicios democráticos deben realizarse no solamente
en los órganos jurisdiccionales electorales, esa sería una idea restringida (o stricto sensu), sino
que deben operar en toda actividad jurisdiccional, de ahí su sentido amplio (lato sensu). Se
plantea la necesidad de que en toda activ idad jurisdiccional influyan aspectos democráticos si se
quiere lograr el objetivo social de una eficaz y eficiente impartición de justicia, para lo cual se
consideran algunas categorías de la teoría del coto vedado. Finalmente, para que el juicio
democrático lato sensu pueda aplicarse en la realidad se requiere que el juzgador sea
democrático cuyas cualidades y características también se bosquejan desde la ref erida teoría.
Juicio Democrático; Coto Vedado; Juzgador Dem ocrático; Teoría Democrática.
It outlines some theoretical conditions necessary to conceptualize the democratic judgment
lato sensu from certain concepts of the prohibited limits theory, in order to investigate the
characteristics and requirements to be able to qualify as democratic a judicial process. It is
based on the idea that democratic judgments should be carried out not only in electoral
jurisdictions, but rather that it should be a restricted idea (or stricto sensu), but must operate in
all jurisdictional activities, hence its large sense (lato sensu). It is proposed that in all
jurisdictional activities democratic aspects should be influenced if the social objective of an
effective and efficient administration of justice is to be achieved, for which some categories of
the prohibited limits theory are considered. Finally, for the democratic judgment lato sensu can
be applied in reality requires that the judge is democratic whose qualities and characteristics
are also outlined from the said theory.
Democratic Judgment; Prohibited Limits; Democratic Judge; Democratic Theory.
1 Docto en Derecho. Profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de México. E-mail: joaquin.o@me.com
Revista de Direito da Cidade vol. 09, nº 4. ISSN 2317-7721
DOI: 10.12957/rdc.2017.29772
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En México la deficiente impartición de justicia (especialmente la penal y civil), derivada
de la incapacidad estatal para proporcionar orden y seguridad (Fuentes, 2017), es un problema
que debe atenderse y corregirse con urgencia si se pretende calificar como un verdadero
Estado democrático.2 Incluso ya algunos autores han hecho referencia a varios de los pr oblemas
que presenta la administración de justic ia en México (Soberanes, 1993; Ruiz, 2010; Flores, 1960;
Buscaglia, 2006), con lo que se hace necesario abordar el problema desde una postura en la que
los aspectos democráticos se tomen en consideración; en efecto, la impartición de justicia es
uno de los aspectos democráticos de los estados en la actualidad, pues del objetivo es que
todos los ciudadanos (y todas las personas) puedan gozar de los derechos que tienen
establecidos constitucional y legalmente, para lo cual es necesario que la estructura
gubernamental lleve a cabo sus funciones de acuerdo con las reglas establecidas para que la
democrática actividad de impartición de justicia sea eficiente pero también eficaz.3 Una de las
consecuencias de lo anterior es una falta de transparencia, así como determinadas
inconsistencias e incoherencias en la interpretación y aplicación de las normas, tanto penales
como civiles, que desembocan en fenómenos de abuso en cuanto a la discrecionalidad
sustantiva y procesal, lo cual se encuentra estrechamente relacionado con la corrupción judicial
que afecta a la ciudadanía (Buscaglia, 1999; Buscaglia y Van Dijk, 2003), y al final es una
afectación directa a la gobernabilidad d emocrática y a la posibilidad de garantizar cabalmente el
respeto de los derechos humanos y de los principios que sustentan a un Estado de derecho. En
el mismo sentido, la falta de efectividad del sistema de justicia está relacionada, entre otras
causas, con frecuentes abusos de discrecionalidad sustantiva, procesal y administrativa, así
2 De acuerdo con el Rule of law index 2016, en cuanto a los aspectos civil justice (integrado por los
indicadores: accessibility and affordability, no discrimination, no corruption, no improper gov. Influence,
no unreasonable delay, effective enforcement, y impartial and effective ADRs) y criminal justice
(integrado por los indicadores: effective investigations, timely and effective adjudication, effective
correctional system, no discrimination, no corruption, no improper gov. influence, y due process of law),
México obtuvo un ranking regional de 26/30 y 27/30 respectivamente, lo que significa que está
posicionado como los peores, mientras que en ninguno de esos indicadores alcanzó la mínima de .50
(salvo en impartial and effective ADRs); fuente: World Justice Project, Rule of law index 2016, en línea:
http://data.worldjusticeproject.org/#/index/MEX, consulado el 18 de julio de 2017.
3 La eficiencia se puede entender como la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un
efecto determinado, mientras que la eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera
(Real Academia Española, 2017); en una situación ideal, los principios democráti cos que sustentan a un
Estado deben operar a través de una determinada estructura, tanto jurídica como social, la cual debe
tener la capacidad de disponer de sus dive rsos elementos (humanos, materiales, legales, procesales, etc.)
para lograr el efecto deseado que es el de la impartición de justicia.
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